David Ordóñez Solís
La ética se ha convertido en un instrumento fundamental para mejorar la gestión de lo público y para luchar contra la corrupción. "Ya no basta con la disuasión de la cárcel o de la sanción disciplinaria de los empleados públicos y, sobre todo, es preciso que los políticos y los funcionarios se ganen la confianza de la sociedad", explica el profesor-tutor de la UNED David Ordóñez Solís, que ha impartido en Gijón el curso de Extensión Universitaria "Ética pública".
En esta actividad formativa, David Ordóñez, doctor en Derecho, magistrado y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ha examinado el modo en que se aplican la ética, los códigos éticos y las normas de conducta en la vida pública, así como los desarrollos habidos en los últimos años en el ámbito político, tanto en España como en las instituciones de la Unión Europea.
En que se refiere a España, se han examinado las medidas adoptadas en relación con los políticos, los funcionarios, los jueces y los militares, con el fin de identificar la problemática de cada uno de estos colectivos, las medidas vinculadas a la ética y su eficacia.
Respecto a los políticos, el profesor Ordóñez señala que "es preciso determinar la actuación, principalmente disciplinaria, de los partidos a los que pertenecen", y han de tenerse en cuenta además "los límites que derivan de la garantía de los cargos públicos representativos". Asimismo, existe la dificultad de establecer un código de buen gobierno aplicable a los altos cargos de las administraciones.
Para los funcionarios se han previsto actuaciones vinculadas a la ética y se han instrumentado a través de medidas legislativas contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 que, sin embargo, apenas tienen aplicación. Tampoco los jueces españoles cuentan con un Código Ético a pesar de los esfuerzos del Consejo General del Poder Judicial para adoptarlo. Por su parte, los militares están sometidos a un Código Ético Militar, que trata de mantener una tradición histórica.
En cuanto a las instituciones de la Unión Europea, en el curso se han examinado las medidas adoptadas en la Unión para luchar contra la corrupción de sus propios funcionarios y para la aplicación de las políticas comunitarias: la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), que está funcionando activamente desde 1999, o la Fiscalía Europea, que en estos momentos está pendiente de ponerse en marcha.
CA Asturias. Gijón
