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Gijón, 13 de julio de 2015

"La exclusión de los inmigrantes irregulares de la Sanidad socava un pilar básico del Estado de derecho"

Ana María Marcos, catedrática acreditada de Filosofía del Derecho
"El paciente no debería ser visto como un número, sino como una persona que necesita empatía y compasión, además de tratamiento"

 

Picos de Europa

Ana María Marcos.

La UNED ha impartido en su Centro Asociado de Asturias el curso de verano "El impacto de la crisis económica en los derechos más básicos del ciudadano: la sanidad pública", dirigido por Ana María Marcos y codirigido por José Ramón Díez. En él se analizaron cuestiones relativas a los derechos y deberes de los pacientes en el marco de la responsabilidad sanitaria. El programa abordó, por ejemplo, la trascendencia del Real Decreto-ley 16/2012 y su cambio de la condición de "titular" a la de "asegurado" y "beneficiario" del sistema de salud.

 

Ana María Marcos, catedrática acreditada de Filosofía del Derecho de la UNED, ha publicado diversos estudios sobre bioética, inmigración y multiculturalidad, así como teoría del derecho. Además, ha desarrolla una extensa actividad investigadora en diferentes centros universitarios de España y del extranjero (Bolonia, Nueva York, Roma). Entre los cargos académicos que ha desempeñado se encuentra el de secretaria general de la UNED. Al término del curso, respondió a las preguntas de Sin Distancia.

 

¿Cómo ha afectado la crisis a la sanidad pública española?

La Sanidad Pública española se ha visto afectada en varios aspectos, por un lado, por los recortes generalizados en el personal, sobre todo, a partir del 2011 en el que se ha congelado el empleo público. Por otro lado, se ha impuesto el copago farmacéutico, el copago en determinadas prestaciones y también la exclusión de la cobertura sanitaria en determinados colectivos, el más vulnerable, por ejemplo, el de los inmigrantes irregulares.

 

¿Cuál es la situación real del derecho a la sanidad universal, que usted abordó en su ponencia?

Desde abril de 2012 la situación ha cambiado radicalmente. Anteriormente se había garantizado la sanidad para toda persona que la necesitara, a partir del Real decreto 16/2012, los inmigrantes irregulares están excluidos de la asistencia sanitaria, los mayores de 26 años que no tengan seguro y los que perciban rentas de más de 100.000 euros. Esto, realizado con una técnica normativa (decreto-ley) sin debate parlamentario y sin escuchar a los sectores sociales y médicos afectados me parece muy grave. Es cambiar un modelo que en España estaba consolidado tanto legalmente (desde la Ley General de Sanidad del 86) como institucionalmente (Pacto de Toledo de 1995 de todos los partidos políticos).

 

¿Qué consecuencias ha tenido la exclusión de la sanidad del colectivo inmigrante en situación irregular?

Las consecuencias son varias. Por un lado dos personas han fallecido por falta de atención sanitaria, algo gravísimo en un Estado Social como el nuestro. Por otro lado, se puede producir un empeoramiento de la salud pública en general. Pero es que además, los inmigrantes acuden a Urgencias lo que satura estos servicios y lo que es peor, al final, sale más caro a la sanidad porque en algunos casos han acabado pasando más de tres semanas en la UCI por falta de atención sanitaria en una primera instancia. Pero a mi modo de ver, lo más grave es que se está socavando uno de los pilares básicos del Estado de derecho como es el derecho a la protección a la salud muy ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y se produce una regresividad en los derechos alcanzados y además por medio de un Decreto Ley, lo que puede crear un precedente muy pernicioso, por el cual se comienzan a restringir derechos básicos del individuo.

 

¿Qué opina de la gestión privada de la salud pública? ¿Es necesaria para la viabilidad del sistema?

Esta es una cuestión que desde el equipo de investigación que tenemos financiado por el MINECO (DER 2013-41462-R) todavía no hemos llegado a una conclusión última. En principio y por lo que vamos analizando, la cuestión público-privada de la gestión sanitaria muchas veces viene teñida de una carga ideológica tal que impide hablar de lo que realmente importa que es la buena gestión y la racionalización en dicha gestión y, sobre todo, la vuelta a una humanización de la medicina, a que se vuelva a ver al paciente, no a un número, a una enfermedad, sino alguien necesitado de empatía y compasión, además de un tratamiento tecnificado y profesional.

 

Desde su ámbito de conocimiento, la Filosofía del Derecho, ¿cuáles son los principales retos que plantea el Testamento Vital?

La legislación sobre estos temas es muy amplia, no es la panacea, pero ayuda. El reto sería la incorporación a la norma de los cuidados paliativos. Además, sería importante que los profesionales sanitarios se formen sobre este tema, se conciencien de que es una herramienta muy válida para ellos, el enfermo y las familias y que se dé a conocer a los pacientes a lo largo de su tratamiento.

 

Picos de Europa

Por la derecha, Ana María Marcos, Juan Carlos Menéndez Mato (director del Centro Asociado de la UNED en Asturias),
Juan Antonio Gimeno y José Ramón Díez.

En la ponencia inaugural, el catedrático Juan Antonio Gimeno abordó la cuestión de la renta básica.

Sí, el profesor Juan Antonio Gimeno defendió con datos y con fundamento económico y jurídico la sostenibilidad de una renta básica. Desde su planteamiento con todos los subsidios sociales que hoy se dan tendríamos ya la financiación del 60% de la renta básica de todos los ciudadanos, el resto, el 40% sería obtenido de la devolución de esa renta por medio del IRPF de las personas con un nivel de ingresos medios y altos.

 

En el curso ha habido mucha participación por parte de los alumnos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que han expuesto?

El éxito de un curso siempre es la interacción, la motivación y las preguntas que se suscitan en los alumnos. En este caso estamos muy satisfechos pues ha habido mucha participación tanto on line como presencial. La preocupación es la crisis del Estado del Bienestar, qué va a ser de nuestra Sanidad Pública que ahora era la 5ª en el ranking mundial, qué soluciones se proponen a esta situación. Y si es o no posible otra alternativa económica, otra gestión, sin que decaigan los fundamentos del Estado Social de Derecho.

 

La modalidad online ha permitido que el curso se siga desde distintas provincias e incluso desde Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos tenido conectados en todas las sesiones a 15 alumnos/as. Desde Cádiz, Madrid, Cantabria, Huelva y también Ecuador, de distintas profesiones y estudiantes (Ingeniería, Trabajo Social, ADE, Derecho…). Han participado mucho y se han creado debates muy interesantes en el mismo chat. Estamos muy contentos de la experiencia.

 

 

Pablo Núñez

El impacto de la crisis económica en los derechos más básicos del ciudadano: la sanidad pública
CA Asociado Asturias. Gijón

 

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