Gijón, 21 de julio de 2017

Narciso Martínez Morán: "Sin transparencia no hay democracia posible"

Profesor emérito de la UNED, ha dirigido un curso de verano en el Centro Asociado de Asturias sobre el deber de transparencia de las Administraciones Públicas

Narciso Martínez Morán, profesor emérito de la UNED, siempre ha sido partidario de una Filosofía del Derecho viva, que responda a las necesidades actuales de la sociedad. De ahí su interés en temas como la ética pública, la corrupción y la transparencia. En 1966 llegó a Madrid, procedente de León, con la intención de matricularse en la Escuela de Periodismo, pero finalmente se inclinó por Filosofía. Para costearse la carrera trabajó en una notaría, como oficial, y así nació su interés por las leyes. En 1974 ya era licenciado en Filosofía y en Derecho, y cuatro años más tarde defendió su tesis doctoral.

Por aquel entonces, muy pocos podrían responder a la pregunta de qué es la transparencia pública. Los tiempos han ido cambiando, y el profesor Martínez Morán —licenciado también en Ciencias Políticas— ha participado activamente de los nuevos planteamientos. Además de investigar sobre el tema desde su posición de catedrático, ha dirigido postgrados de ética y deontología públicas, y ha promovido la colaboración entre la UNED y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En esta línea de trabajo se enmarca el curso de verano que ha dirigido esta semana en el Centro Asociado de la UNED en Asturias, “Transparencia y acceso a la información: el deber de transparencia de las Administraciones Públicas en España”.

¿Por qué un curso de verano sobre transparencia, y por qué en Asturias?

El tema es de actualidad y trascendente para medir el nivel democrático y entender el grado de corrupción en nuestro país. Y elegimos el Centro de la UNED de Asturias en Gijón porque me consta la enorme sensibilidad  de las autoridades autonómicas y municipales sobre la transparencia en un momento en que está próxima la aparición de la Ley de Transparencia del Principado de Asturias.

¿Hasta qué punto es importante para luchar contra la corrupción?

Las democracias modernas se caracterizan, entre otras cosas, por el ejercicio transparente de la función pública, hasta el punto de que podríamos afirmar que sin transparencia no hay democracia posible. Por otra parte, la transparencia produce seguridad y confianza de la sociedad en sus administradores y gobernantes.

Pero en las sociedades actuales, la falta de transparencia ha provocado con demasiada frecuencia hábitos de administración pública sin control, de manera que los administradores públicos han ejercido su función y su “poder” más para su propio provecho que para el servicio de los ciudadanos, lo que ha producido frecuentes casos de corrupción. La transparencia es un buen antídoto para luchar contra la corrupción porque deja al descubierto la propia actuación de los servidores públicos.

¿Qué efectos tiene el imponer la transparencia en la gestión de lo público?

Cuando la transparencia se impone en la actuación pública, lo primero que observamos es que la corrupción se reduce de forma generalizada. Las posibilidades de que el concejal que concede una licencia acepte un soborno disminuyen considerablemente cuando el procedimiento es abierto, público y conocido por todos. Lo mismo ocurre con otras fórmulas para influir en los poderes públicos, como los grupos de presión (lobbies) o las donaciones a partidos políticos.

¿Qué destacaría del deber de la Administración de informar a los ciudadanos?

Ni el Gobierno ni la Administración Pública tendrían sentido sin los ciudadanos a quienes sirven. No podemos olvidar nunca que la función primordial de gobernantes y administradores públicos es la de servicio público. En consecuencia, tienen la obligación de informar no por graciosa concesión hacia los administrados sino porque el acceso a la información es un derecho fundamental de los ciudadanos. El deber de informar es, por tanto y correlativamente, un deber fundamental.

La transparencia es un elemento esencial del Estado de derecho, que concede a los ciudadanos el derecho a informarse y  a exigir la rendición de cuentas y obliga a los gobernantes a explicar su tarea al frente de la administración. La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es la respuesta de la demanda de los ciudadanos de este derecho.

¿Cuál es el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que además participa activamente en el curso?

Entre otras, tiene la función de asesorar en materia de transparencia; evaluar el grado de aplicación de la Ley; promover actividades de formación y sensibilización. Y porque es el máximo organismo responsable de garantizar la Transparencia y de fomentar la cultura de la Transparencia, el subdirector general, la directora del Gabinete de la Presidencia y el  director de la oficina de reclamaciones del Consejo forman parte de los ponentes de este curso de verano de la UNED de Asturias. Todo un lujo.

¿Podría ponernos un ejemplo práctico, que afecte a nuestro día a día, y que muestre el cambio que se está produciendo en cuanto a la transparencia?

Efectivamente algo está cambiando y creo que aceleradamente. Por ejemplo, Prácticamente  la totalidad de las instituciones públicas tienen ya, además de la página Web, en la que se puede  aportar información institucional, portales específicos de Transparencia, en los que los ciudadanos pueden informarse de la actividad de la Administración y, en su caso, instrucciones para poder solicitar informaciones específicas. Este es un gran paso que junto a los programas y cursos de Formación de muchos organismos e instituciones públicas, como este curso de verano de Gijón, por ejemplo, está creando en la sociedad la tan necesaria cultura de la transparencia.

¿Qué países deberíamos tener como modelo al respecto?

El tema de transparencia cobró fuerza en varios países del mundo en diferentes años, Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y Dinamarca (1970). En los últimos años del siglo XX y los que llevamos del siglo XXI, la necesidad y  el impulso de la Transparencia se ha extendido por más de 100 países  en todo el mundo, adoptando la práctica de la transparencia y estableciendo sus propias leyes de acceso a la información. Si tuviera que elegir modelos, siguiendo el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, que acaba de presentar Transparencia Internacional (TI), me inclinaría, en la actualidad, por Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Y luego Suecia, Suiza, Noruega, Singapur, Holanda, Canadá, Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido.

Pablo Núñez

Programa del curso "Transparencia y acceso a la información: el deber de transparencia de las Administraciones Públicas en Españas"

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