Departamento de Derecho Político (UNED)

 

Derecho Constitucional IV
 
 
S.T.C. 75/1985, de 21 de mayo 
(Caso "Barrera electoral del 3%")
 
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente, y don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez 
de Velasco Vallejo, doña Gloria Begué Cantón, don Rafael Gómez-Ferrer Morant y don Angel Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA

En los recursos de amparo, acumulados, núms. 488 y 632/1984, dirigidos contra el acta de proclamación de Diputados al Parlamento de Cataluña, efectuada por la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona el día 9 de mayo de 1984, y promovidos, respectivamente, por la coalición electoral «Entesa de l'Esquerra Catalana», 
representada por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez y defendida por el Letrado don Marc Palmes i Giró, y por el «Partit dels 
Comunistes de Catalunya», representado por el Procurador de los Tribunales don Jesús Alfaro Matos y defendido por el Letrado don Luis Salvadores Verdasco. En 
dichos recursos han comparecido el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad, y el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, así como 
la coalición electoral «Convergencia i Unió», representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Muñoz-Cuéllar Pernia y defendida por el Letrado don 
José Servat Rodríguez. Ha sido Ponente el Magistrado don Angel Escudero del Corral, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES

 
1. El día 2 de julio de 1984 tuvo entrada en el Tribunal Constitucional, y fue  registrado con el núm. 488/1984, recurso de amparo formulado por la Procuradora 
de los Tribunales doña Esther Rodríguez Pérez, en nombre y representación de la  coalición electoral «Entesa de l'Esquerra Catalana», contra el acta de 
proclamación de Diputados al Parlamento de Cataluña efectuada el 9 de mayo de 1984 y confirmada, en proceso contencioso-electoral, por Sentencia de la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictada con fecha 12 de junio de 1984 y notificada el siguiente día. 
Mediante dicho recurso de amparo se solicitaba de este Tribunal Constitucional  la declaración de nulidad del acta de proclamación impugnada, así como de la 
referida Sentencia confirmatoria, al contravenir ambas lo dispuesto en el art. 23 de la C.E., y, en consecuencia, el reconocimiento a la entidad solicitante de 
amparo del derecho a no ser excluida de la atribución de escaños en las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el día 29 de abril de 1984, 
ordenando a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que efectúe una nueva proclamación de Diputados sin aplicar el límite máximo del 3 por 100 de los 
votos emitidos, con lo que al primer candidato de la lista presentada por la coalición demandante de amparo le correspondería acceder a un escaño en la 
circunscripción de Barcelona.
2. La Sección, mediante providencia de 18 de julio de 1984, acordó admitir a Trámite el recurso de amparo interpuesto y, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir la remisión de las siguientes actuaciones originales, o testimonio de ellas: a) A 
la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de  Barcelona, las relativas al recurso contencioso-electoral núm. 409/1984; b) A la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona, las relativas al acta de proclamación impugnada en amparo. Mediante la misma providencia se señalaba que por la citada 
autoridad judicial se emplazara a quienes fueron parte en dicho procedimiento contencioso-electoral, a excepción de la coalición recurrente en amparo, y el 
Abogado del Estado, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso de amparo.
3. Dentro del plazo conferido por la anterior providencia, se recibieron las actuaciones requeridas. Se recibieron, también, escritos en solicitud de 
personación del Abogado del Estado, así como de los Procuradores de los Tribunales don Jesús Alfaro Matos y don Eduardo Muñoz-Cuéllar Pernia, en 
representación, respectivamente, de «Partit dels Comunistes de Catalunya» y de la coalición electoral «Convergencia i Unió», quienes, habiendo sido partes en 
el previo proceso contencioso-electoral, solicitaban se les tuviera por personados y parte en el recurso de amparo, acordándose todas estas 
personaciones solicitadas mediante nueva providencia de 3 de octubre de 1984.
4. Con fecha 10 de agosto de 1984 tuvo entrada en este Tribunal, y fue registrado con el núm. 632/1984, otro recurso de amparo interpuesto por el 
Procurador de los Tribunales don Jesús Alfaro Matos, en nombre y representación del «Partit dels Comunistes de Catalunya», contra la ya mencionada acta de 
proclamación de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, confirmada en proceso contencioso-electoral por Sentencia de la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictada con fecha 17 de julio de 1984 y notificada el día siguiente. Mediante este recurso 
de amparo se solicita del Tribunal Constitucional la nulidad del acta impugnada y de dicha Sentencia confirmatoria, por contradecir ambas el art. 23 de la C.E., 
reconociendo, en consecuencia, el derecho del partido demandante de amparo a no ser excluido de la atribución de escaños acordada en ese acta y ordenando a la 
Junta Electoral una nueva proclamación, sin aplicar el límite máximo del 3 por 100 de los votos emitidos, con lo que los dos primeros candidatos de la lista 
presentada por aquel partido accederían a dos escaños en la circunscripción de Barcelona. Por otrosí, se solicitaba que, de conformidad con lo previsto en el 
art. 83 de la LOTC, se dispusiera la acumulación del recurso de amparo formulado con el anteriormente registrado con el núm. 488/1984, por tener ambos procesos 
objetos conexos que justificaban la unidad de trámite y decisión.
5. La Sección, mediante providencia de 19 de septiembre de 1984, acordó admitir a trámite el recurso interpuesto por el «Partit dels Comunistes de Catalunya» y 
requerir de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona la remisión de las actuaciones originales, o testimonio 
de ellas, relativas al recurso contencioso-electoral núm. 409/1984. Mediante la misma providencia se indicó que por la expresada autoridad judicial se emplazara 
a quienes fueron parte en dicho procedimiento contencioso-electoral, a excepción de la parte recurrente, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer 
en el proceso de amparo.
6. Además de las actuaciones requeridas, dentro del plazo conferido por la anterior providencia, se recibieron escritos de los Procuradores don Eduardo 
Muñoz-Cuéllar Pernia y doña Esther Rodríguez Pérez, en representación, respectivamente, de la coalición «Convergencia i Unió» y «Entesa de l'Esquerra 
Catalana», quienes, tras haber sido partes en el previo proceso contencioso-electoral, solicitaban se les tuviera personados como tales en el 
recurso de amparo.
7. En cuanto al otrosí formulado en la demanda de amparo, mediante las  referidas providencias de 19 de septiembre y 3 de octubre de 1984, y dentro de 
los términos previstos por el art. 83 de la LOTC, se resolvió oír al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los Procuradores señores Alfaro Matos, 
Rodríguez Pérez y Muñoz-Cuéllar Pernia, en sus respectivas representaciones, sobre la posible acumulación de esa nueva demanda con el recurso núm. 632/1984.
8. El trámite de audiencia fue cumplido por todos a quienes les fue conferido, prestando todos ellos su conformidad respecto a la acumulación solicitada.
9. La Sala Primera de este Tribunal Constitucional, mediante Auto de fecha 21 de noviembre de 1984, consideró que, en favor de la acumulación, concurría la 
voluntad concorde de las partes y la realidad patente de que los recursos de amparo núms. 488 y 632/1984 se interponían contra una misma resolución 
administrativa, con una misma causa petendi e invocándose idéntica vulneración de un derecho constitucional, por lo que acordó la acumulación solicitada, 
siguiéndose en lo sucesivo la misma y única tramitación para ambos recursos. En virtud de lo anterior, la Sección, mediante providencia de igual fecha, acordó, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, conceder un plazo común de veinte días, con vista de las actuaciones recibidas en ambos recursos, al 
Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los Procuradores señores Rodríguez  Pérez, Muñoz-Cuéllar Pernia y Alfaro Matos, para que dentro de dicho término 
pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convengan, lo que todos ellos realizaron dentro del plazo concedido.
10. Las alegaciones formuladas y reiteradas en el proceso de amparo por la coalición electoral «Entesa de l'Esquerra Catalana», en apoyo de su pretensión, 
pueden resumirse en las siguientes: a) Arranca la argumentación de la coalición recurrente del criterio de que el límite del 3 por 100 de votos emitidos establecido por el art. 20.4 b) del Real 
Decreto-ley núm. 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, no es aplicable a las elecciones al Parlament de Catalunya, afirmando su 
inconstitucionalidad intrínseca, por infracción del art. 23 de la C.E. b) En cuanto al alcance y contenido del sistema electoral «atendiendo a 
criterios de representación proporcional», conforme a lo que establece la Constitución en su art. 68.3, estima, en efecto, la coalición recurrente que 
solamente puede considerarse un sistema proporcional conforme a la Constitución aquel que, distinto y contrapuesto al sistema mayoritario, respete en su 
normativa, cómputos y atribución de escaños los derechos de los electores y los elegidos protegidos por el art. 23 de la C.E., afirmando, asimismo, que no es lo 
mismo una «corrección» que una «limitación» o «exclusión», carácter este último que tendría la norma controvertida del Real Decreto-ley electoral, la cual, al 
ser carácter preconstitucional, habrá de entenderse derogada por oponerse al reconocimiento efectivo y total de los derechos contenidos en dicho art. 23 de 
la C.E. c) La limitación del 3 por 100 de los votos emitidos como exigencia para  obtener representación parlamentaria ha de considerarse como una restricción que 
afecta solamente a las grandes concentraciones urbanas y que no contribuye a evitar la excesiva fragmentación parlamentaria, sino a privar los derechos de 
ciudadanos que votan en circunscripciones determinadas. d) En tal sentido, invoca la coalición recurrente la doctrina de este Tribunal en cuanto al contenido y alcance de los derechos fundamentales proclamados en el 
art. 23 de la C.E. (Sentencias 5/1983, de 4 de febrero, y 10/1983, de 21 de febrero), considerando seguidamente que dicha norma acoge no sólo el derecho de 
los electores, sino también el de los elegidos, ya que el derecho del ciudadano a participar mediante representación en los asuntos públicos va unido 
imprescindiblemente al derecho del representante a ejercer su función, por lo que el citado artículo consagra el derecho a la eficacia (y también a la 
libertad) del voto, eficacia que ha de ponderarse en cuanto a la posibilidad de obtener una representación parlamentaria.	e) Concluye la coalición demandante de amparo exponiendo que la vulneración de 
su derecho a representar a sus electores se produce desde el momento que se plica el límite del 3 por 100 como porcentaje mínimo para entrar en la 
distribución de escaños, ya que no se trata, en este caso, de una «corrección» del sistema proporcional, sino de una «exclusión», de una interferencia de la 
representatividad y eficacia del voto, que es determinante de que candidatos de listas que han sobrepasado el mínimo del 3 por 100 de los votos emitidos accedan 
a un escaño con un cociente inferior de votos al obtenido por candidatos que figuran en otras listas que no han superado dicho mínimo, y ello a pesar de 
disponer en su favor de un mayor cociente de votos, lo cual se traduce en un trato desigual, que ha de atribuirse al apartado b) del núm. 4 del art. 20 del 
Real Decreto-ley 20/1977 y que debe entenderse derogado por ser incompatible con  el art. 23.2 de la C.E.
11. La fundamentación jurídica del recurso de amparo interpuesto por «Partit dels Comunistes de Catalunya», asimismo reiterada en el trámite de alegaciones, 
se articula, en sustancia, en las siguientes consideraciones: a) A juicio del partido recurrente, el art. 20.4 b) del Real Decreto-ley 20/1977, cuyos efectos negativos sobre su candidatura ilustra con diversos datos 
electorales y pondera con consideraciones de orden político, era inaplicable al proceso electoral al que dicho partido concurrió. Tal inaplicabilidad se 
sostiene cuestionando la propia validez constitucional de la disposición citada y, en todo caso, la operatividad misma del precepto en el ordenamiento catalán. 
De un modo u otro, por lo tanto, se afirma la invalidez del acuerdo de la Junta Electoral Provincial que aplicó, en el presente caso, una disposición que estima 
inconstitucional y limitativa, por ello, sin fundamento jurídico alguno, del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 de la C.E., y, en conexión con 
esta norma, del derecho también consagrado en el apartado primero del mismo artículo de la Constitución. b) Se afirma en la demanda de amparo que el límite del 3 por 100 sobre el total 
de votos emitidos entraña una contradicción con el art. 23 de la C.E. y con el art. 8.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contradicción que habría llevado 
a la derogación, por obra directa de la Norma Fundamental, del art. 20.4 b) citado. Esta antinomia deriva de la limitación «excesiva» del sistema de 
escrutinio proporcional -sistema recogido en la Constitución para las elecciones al Congreso de los Diputados (art. 68.3) y también para la formación de las 
asambleas autonómicas (art. 152.1), que provoca la repetida exigencia de haber alcanzado, al menos, el 3 por 100 de los sufragios emitidos en una 
circunscripción para acceder al reparto de escaños entre las diversas listas. Se invoca, asimismo, el art. 14 de la C.E., arguyendo que el derecho a la igualdad 
habría sido quebrantado por una disposición que, como la cuestionada, excluye a determinadas candidaturas del procedimiento de adjudicación de escaños, 
provocando así la discriminación del recurrente. c) Considera también el partido recurrente que, aun en el supuesto de que no se entrase directamente a apreciar la legitimidad constitucional del art. 20.4 b) 
citado, esta norma no sería de aplicación en el proceso electoral para la formación del Parlamento de Cataluña. Sostiene dicha inaplicabilidad en virtud 
de una pretendida plenitud del propio régimen estatutario en esta materia, completado por la Ley del Parlamento catalán 5/1984, de 5 de marzo, así como 
-mezclando este argumento con el expuesto en el apartado precedente- sobre la base de que, de nuevo, la distorsión de la proporcionalidad que origina la 
barrera legal estaría en contradicción con el art. 31 del Estatuto de Autonomía y la disposición transitoria 4.3 del mismo cuerpo legal. Por unas y otras 
razones estima, pues, que resulta innecesaria e ilegítima la remisión al Derecho estatal en este punto, resultando de la aplicación del mismo una limitación 
inconstitucional de sus derechos fundamentales. d) Entiende, por último, el partido solicitante de amparo que la ilegitimidad constitucional del referido art. 20.4 b) del Real Decreto-ley 20/1977 justifica 
la aplicación, a fin de declarar dicha ilegitimidad, del procedimiento previsto en el art. 55.2 de la LOTC.
12. En el escrito de alegaciones presentado por la coalición electoral  «Convergencia i Unió» se formularon las que pueden resumirse del modo siguiente:	a) El art. 23 de la C.E. no resulta en ningún momento vulnerado por la limitación que se establece en el art. 20.4, b), del Real Decreto-ley 20/1977.
De una parte, esta limitación no supone una transgresión o desvirtuación del sistema electoral que consagra la Constitución. En esta, únicamente, se 
determina que el sistema electoral se basará en criterios de proporcionalidad ( déntica previsión a la contenida en el art. 31 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña), existiendo diversas modalidades y variedades en su configuración que responden a dicho sistema proporcional, sin que atente contra el mismo una 
barrera legal que tiende a preservar otros postulados del sistema democrático como la estabilidad política y el buen funcionamiento de las Cámaras 
legislativas, quedando a salvo el único elemento sustantivo de ese sistema que consiste en un reparto equilibrado y justo de la representación política en 
función de la población con derecho a voto en la circunscripción electoral. De otra parte, aquella limitación tampoco contradice los derechos de los 
electores y elegidos que se recogen en el art. 23 de la C.E. Se trata de una regla del juego electoral que opera con anterioridad a la celebración de las 
elecciones y condiciona y limita en idénticos términos a todas las formaciones o agrupaciones políticas que concurran a la misma. No es aplicable a este caso la 
doctrina que invocan los recurrentes de amparo, afirmada con anterioridad por este Tribunal Constitucional, porque los supuestos de hechos respecto a los que 
se elaboró aquella doctrina, ninguna relación guardan con el de los actuales recursos de amparo. A mayor abundamiento sí sería de aplicación la doctrina de 
este mismo Tribunal sobre la libertad del legislador para establecer las condiciones que estima más adecuadas, al regular el derecho de acceso a los 
cargos políticos, siempre que no se vulneren el principio de igualdad y los demás derechos fundamentales, lo que no ha sucedido en el presente caso.	b) Ha quedado demostrado que, aunque la norma que es aquí objeto de impugnación 
sea anterior a la Constitución, no fue voluntad del constituyente la derogación de dicha norma, pues, al establecer de modo expreso la vigencia transitoria del 
Real Decreto-ley 20/1977, en la disposición transitoria octava de la C.E., no se incluyó dicha norma entre la serie de excepciones que se declararon respecto a 
esa vigencia transitoria. A mayor abundamiento conviene señalar que las Cortes Generales debaten actualmente un Proyecto de Ley orgánica por la que se regula 
el Régimen Electoral General, y en dicho Proyecto se recoge un supuesto idéntico de barrera legal del 3 por 100 de los votos emitidos.c) En cuanto a la supuesta exclusión e interferencia en la representatividad y 
eficacia del voto de los electores, los solicitantes de amparo olvidan que nuestro sistema electoral no establece fórmulas por las que los candidatos 
puedan ser individualmente considerados por los electores, sino, más bien, una fórmula de listas cerradas y bloqueadas, lo que invalida un razonamiento 
consistente en la comparación entre el número de votos obtenidos entre diversos candidatos, máxime cuando ello se hace al aplicar en un momento posterior a las 
elecciones la regla de atribución de escaños.En virtud de las consideraciones anteriores, por la coalición electoral «Convergencia i Unió» se concluye solicitando se dicte sentencia por la que, 
desestimándose en todos sus extremos las pretensiones de las dos partes recurrentes, se deniegue el amparo por ellas solicitado y, como consecuencia, se 
confirme el acta de proclamación de Diputados al Parlamento de Cataluña efectuada el 9 de mayo de 1984.
13. El Ministerio Fiscal interesa de este Tribunal la desestimación de las demandas anuladas en este proceso de amparo, y ello por las siguientes razones:
a) En cuanto a la indebida aplicación del art. 40.4 b) del Real Decreto 20/ 1977 a las elecciones catalanas, que se sostiene en el recurso de amparo 632/ 
1984, se trata de un problema de mera legalidad, resuelto, como tal, por la Audiencia Territorial de Barcelona en virtud de una resolución fundada en 
derecho y suficientemente motivada. b) De las exigencias de igualdad que derivan del art. 23.2 de la C. E. no puede desprenderse la inconstitucionalidad de la exclusión de los candidatos que no 
hayan obtenido un suficiente porcentaje de votos previamente determinados. La interpretación que ha de darse a este precepto no es otra que la que corresponde 
al art. 14 de la misma C. E., que establece un marco de igualdad de todos los ciudadanos, no permitiendo un tratamiento desfavorablemente desigual a 
situaciones idénticas. La disposición electoral que consideramos no supone un tratamiento que pueda reputarse comparativamente desigual, pues las condiciones 
de concurrencia de todos los candidatos son exactamente las mismas y la exclusión, tras el recuento, de los que obtengan una cierta proporción de votos 
es igual para todos. La exclusión está basada precisamente en una desigualdad objetiva, como matemática que es, que resulta del escrutinio. c) No es atinado razonar que se produce desigualdad porque los últimos de las 
listas tenidas en cuenta para la atribución de escaños tengan menor respaldo numérico que los excluidos, puesto que se desconoce, al tratarse de listas 
cerradas, los votos que puedan asignarse a cada uno de sus integrantes, con lo que no puede ofrecerse un término válido de comparación para apreciar la 
desigualdad.d) No es posible, por la vía de amparo, examinar si las normas electorales contravienen cualquier otra disposición constitucional fuera de las que son 
susceptibles de protección por dicha vía. No obstante, conviene recordar que la norma aquí cuestionada no es más que una variedad técnica de la proporcionalidad 
que el art. 68.3 de la C.E. requiere para el sistema electoral, estableciéndose expresamente en la propia Constitución, en su disposición transitoria octava, 
tras la aplicación de las normas sobre elecciones vigentes tras su promulgación, «si no se hubiese desarrollado legalmente lo previsto en los arts. 68 y 69».	En mérito de lo expuesto, el Ministerio Fiscal interesa de este Tribunal 
desestime las demandas acumuladas en este proceso de amparo.
14. Las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, son, en extracto, las siguientes: a) El sistema electoral establecido por el Real Decreto-ley 20/1977 es el 
aplicable a las elecciones al Parlamento de Cataluña, no sólo por la remisión que al mismo se realiza en la Ley catalana 5/1984, de 5 de marzo, sino en virtud 
de la disposición transitoria cuarta, 5, del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. b) El art. 23 de la C. E. puede postular el principio de la igualdad de voto 
como manifestación concreta del principio de igualdad en el sentido de rechazar cualquier diferencia discriminatoria en el peso del voto. Todo voto ha de tener 
las mismas posibilidades de influir en la elección. Ahora bien, en el resultado del escrutinio, las cosas suceden -y deben suceder- según las determinaciones 
del propio sistema electoral. Incluso ateniéndonos al significado de dicho art. 23 como norma atributiva del derecho a acceder a cargos públicos, y de acceder a 
ellos en condiciones de igualdad, se comprende que la vigencia y aplicación de esta norma es independiente del sistema electoral aplicable, hasta el punto que, 
en lo que se refiere a ese concreto mandato constitucional, éste sería compatible no sólo con diversas modalidades de un sistema proporcional, sino 
también con una mayoritaria. c) En cuanto a la concordancia del Real Decreto-ley 20/1977, y en concreto del limite del 3 por 100, con el sistema electoral previsto en la Constitución, se 
trata de una cuestión ajena a los derechos fundamentales y, por consiguiente, a la proyección propia del recurso de amparo. En cualquier caso, ha de tenerse 
presente la doctrina ya afirmada por este Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 18 de diciembre de 1981, en cuanto a las diversas modalidades que 
tolera el sistema de representación proporcional, así como el hecho de que, en otros ordenamientos comparados y señaladamente en la República Federal Alemana, 
se hayan establecido, y no rechazado por la jurisdicción constitucional, límites porcentuales incluso superiores al que se cuestiona mediante las actuales 
demandas de amparo.
15. Mediante providencia de 12 de junio de 1985, se acordó señalar para  deliberación y fallo de los presentes recursos de amparo acumulados el día 19 de 
junio del presente año, fecha en que tuvieron lugar. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 
1. La cuestión que los presentes recursos de amparo plantean es la de  determinar si existió o no la vulneración constitucional, que las entidades 
recurrentes imputan al acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, por el que se proclamaron Diputados del Parlamento de Cataluña, acuerdo que fue 
posteriormente confirmado mediante dos sentencias de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona. 	La violación constitucional, según se alega en los escritos de amparo, lo 
habría sido de los derechos fundamentales reconocidos por el art. 23 de la C.E., y se habría producido al realizar dicha proclamación de candidatos conforme a la 
regla establecida por el art. 20.2 b) del Real Decreto-ley 20/ 1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales, según la cual para la atribución de los escaños 
no serán tenidas en cuenta aquellas listas que no hubiesen obtenido, por lo  menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en el distrito. Consideran, en efecto, las entidades recurrentes que esta regla vulnera el 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos, que se reconoce en el apartado 1 de dicho 
art. 23 de la C.E., así como el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, que 
se garantiza en el apartado 2 del mismo precepto constitucional. Es cierto que, según ha reiterado este Tribunal, a partir de su Sentencia  5/1983, de 4 de febrero, ambos derechos se encuentran en íntima conexión y,  desde una consideración objetiva del ordenamiento, se presuponen mutuamente, 
pero en relación a la resolución de los presentes recursos ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la pretensión que en éstos se suscita es la de ver 
reconocido el derecho de ciertos candidatos a obtener un escaño en el Parlamento  de Cataluña, y ello en función del número de votos que recibieron las listas en 
que se presentaron a las correspondientes elecciones, y sin que sea aplicable el mencionado límite del 3 por 100, por lo que queda, así, de manifiesto que el 
derecho fundamental directamente afectado sería el de acceso a un determinado cargo público.
Otra cosa es que, de haberse producido la lesión de este derecho, pueda  apreciarse también que, como consecuencia, resultó lesionado el derecho a la 
participación, del que son titulares los ciudadanos que integraron el cuerpo  electoral, y que en su restablecimiento tengan, asimismo, interés legítimo las 
entidades que solicitan el amparo, pero a esta última conclusión no podrá llegarse, en este caso, sin estimar antes la pretensión subjetiva a que se 
dirigen en primer término los recursos, esto es, sin que se haya determinado previamente la existencia de contradicción entre el límite porcentual, cuya 
aplicación impidió el acceso al cargo, y el mandato del apartado 2 del art. 23 de la C.E., por lo que al examen de esta eventual contradicción ha de quedar, 
por tanto, limitado, al menos inicialmente, el objeto del presente juicio de amparo.
2. Fijado así el objeto del recurso de amparo ha de comenzarse por dar  respuesta a una solicitud formulada en uno de los recursos acumulados -el 
interpuesto por el «Partit dels Comunistes de Catalunya»-, y consistente en que,  dado el rango legal de la norma [el art. 20.4 b)] del Real Decreto-ley 20/1977, 
cuya aplicación produce la supuesta vulneración constitucional, se acuda al procedimiento previsto en el art. 55.2 de la LOTC, esto es, se eleve la cuestión 
al Pleno de este Tribunal, con la finalidad de que éste, en ejercicio de sus  competencias, declare la inconstitucionalidad de dicha norma legal. 	El mismo art. 55.2 de la LOTC dispone que únicamente cabe tal procedimiento en 
el caso de que se estime el recurso de amparo, esto es, que de la aplicación de la norma se siga, efectivamente, la lesión de un derecho fundamental, y en el 
caso que nos ocupa, para examinar la conformidad o no con la Constitución de la  norma aplicada no es necesario, sin embargo, aguardar a constatar ese resultado, 
pues, siendo el real Decreto-ley 20/1977 anterior a la Constitución, su contradicción respecto a ésta hubiera sido, en todo caso, determinante de su 
inexistencia en el ordenamiento por efecto de la disposición derogatoria tercera  de la misma Constitución, y tal efecto denegatorio puede ser apreciado en 
cualquier instancia judicial a la que corresponda precisar el derecho vigente aplicable, y, desde luego, en la vía de amparo constitucional, según ha tenido 
 la ocasión de declarar este Tribunal, por ejemplo, en su Sentencia 29/1983, de  26 de abril. Ha de afirmarse, por consiguiente, la improcedencia, en cualquier caso, de la 
vía que se sugiere, así como la posibilidad de que por esta Sala se conozca plenamente acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobrevenida 
del límite legal del 3 por 100, de cuya aplicación traen causa las presentes demandas de amparo.
3. Otro de los argumentos que, asimismo, se formula solamente en el escrito de  amparo del «Partit dels Comunistes de Catalunya» es el de la inaplicabilidad o 
falta de operatividad del art. 20.2 b) del Real Decreto-ley 20/1977, en el  ordenamiento autonómico catalán, y ello como consecuencia de la plenitud en la 
materia del régimen estatutario, dados el art. 31.1 y la disposición transitoria  cuarta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, completados por la Ley catalana 
5/1984, de 5 de marzo. Resulta relevante examinar este argumento, puesto que si se apreciase que la  Junta Electoral Provincial y, posteriormente, la Audiencia Territorial aplicaron 
una norma inexistente en el ordenamiento autonómico, habría que concluir en que, de tal aplicación, derivó ya la lesión del derecho fundamental del art. 23.2 de 
la C.E., al imponerse un limite carente de apoyatura legal, según existe dicho precepto constitucional para el establecimiento de requisitos relativos al 
acceso a los cargos públicos. No puede aceptarse, sin embargo, que, como sostiene el partido recurrente, el  apartado 5 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía haga 
de las normas electorales estatales un mero derecho supletorio, no aplicable, por tanto, ante las normas inmediatamente operativas que se quieren ver en el 
apartado 3 de la misma disposición transitoria, en el que se declara que los Diputados del Parlamento de Cataluña serán elegidos «según un sistema de 
escrutinio proporcional», así como en el art. 31.1 del mismo Estatuto, en el que  se afirma que «el sistema electoral será de representación proporcional».
En primer lugar, lo que en realidad encierra el apartado 5 de la mencionada  disposición transitoria no es sino un reenvío normativo, por obra del cual la propia norma estatutaria explicita su falta temporal de plenitud, a la espera de una propia ley de la Comunidad Autónoma, e incorpora, como normas directamente 
aplicables al ordenamiento autónomo las que, en virtud del art. 149.3 de la C.E. ya lo eran con carácter supletorio, esto es, las contenidas en el Real  Decreto-ley 20/1977, en todo lo no previsto por esa disposición. En segundo término, no puede apreciarse en las referencias estatutarias al 
sistema proporcional la suficiente precisión como para sustituir al Derecho estatal, pues no puede deducirse de tales referencias todo un sistema de 
escrutinio susceptible de aplicación sin mayores concreciones normativas, y la  misma imprecisión es indicativa de la voluntad por asumir la fórmula electoral 
estatal, en tanto se dictase la ley autonómica correspondiente. En efecto, con posterioridad fue dictada la referida Ley catalana 5/1984, de 5  de marzo, con el objeto de regular las elecciones autonómicas, pero en su 
artículo único esta disposición vuelve a remitirse a las señaladas disposiciones transitorias y, junto a ellas, al derecho estatal, al decir que «debe aplicarse 
el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo», aunque ponderando esta última remisión con la afirmación de que deberán tenerse en cuenta «las modificaciones 
y adaptaciones derivadas del carácter y ámbito del proceso electoral», pero de esta afirmación no es posible deducir que la norma haya operado una exclusión de 
un elemento tan decisivo en el ordenamiento electoral como es el límite del 3 por 100, pues la Ley aclara inmediatamente que de lo que se trata, mediante esas 
«modificaciones y adaptaciones», es de atribuir a los órganos correspondientes  de la Generalidad de Cataluña las competencias del Gobierno del Estado y de sus 
autoridades. Pero es que, además, en ningún caso pudiera entenderse dicha norma  como un apoderamiento al aplicador del Derecho, para que, sin límite normativo 
claro, proceda a una adaptación de las normas estatales que llegue hasta una reestructuración de sistema de escrutinio, que es lo que, en definitiva, se 
sugiere en la demanda de amparo. De todo lo anterior puede seguirse que carece de fundamento la objeción relativa a la inaplicabilidad en Cataluña, como consecuencia del despliegue del 
propio ordenamiento autonómico, del requisito legal del 3 por 100 establecido por la normativa estatal.
4. Sobre la base de lo que llevamos afirmado, debe entrarse ya en la cuestión sustancial planteada, que es, según se ha indicado, la de examinar la licitud de 
dicho límite legal, en relación con las exigencias que derivan del mandato establecido por el art. 23.2 de la C.E.	Expresa tal mandato el derecho a acceder a funciones y cargos públicos, derecho 
sobre cuyo alcance material ya ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos supuestos este Tribunal, y que, por lo que atañe al caso aquí suscitado, debe, 
desde luego, considerarse que incluye también el de ser elegido para formar parte como Diputado de un órgano de naturaleza legislativa y representativa, 
como lo es el Parlamento de Cataluña. Una de las características, sin embargo, del precepto constitucional es el muy amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el ejercicio 
del derecho, esto es, para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a tales cargos y funciones públicas, y, más concretamente, 
al tratarse de cargos directamente elegidos por los ciudadanos, para configurar el correspondiente sistema electoral.Resulta, en efecto, del art. 23.2 de la C.E., que el derecho a ser elegido se 
adquiere «con los requisitos que señalen las leyes», de manera que no puede afirmarse que del precepto, en si sólo considerado, derive la exigencia de un 
determinado sistema electoral o, dentro de lo que un sistema electoral abarca, de un determinado mecanismo para la atribución de los cargos representativos 
objeto de elección, en función de los votos que en la misma se emiten. Es bien conocida la existencia en los ordenamientos democráticos de una 
considerable diversidad de tales mecanismos, que han tendido, por vía doctrinal, la agruparse en torno a dos criterios polares, el mayoritario y el proporcional, 
aunque existen casos también en que la coexistencia de elementos procedentes de uno o de otro criterio conduce a verdaderas fórmulas mixtas en que no resulta 
fácil la conceptuación final del sistema. Lo importante aquí es señalar que, en cualquier caso, el art. 23 de nuestra Constitución, que es el que da fundamento 
a las actuales pretensiones de amparo, no impone, por sí mismo, al legislador ninguna de las modalidades ya existentes en el derecho comparado ni cualquier 
otro nuevo sistema. Es cierto que el mandato constitucional, junto a esa libertad de configuración  normativa que viene a reconocer al legislador, también señala a éste de modo 
expreso la necesidad de que el derecho que proclama sea ejercido «en condiciones de igualdad», y es, justamente, en esta exigencia en la que no cabe ver sino una 
concreción del principio, que, con carácter general, se reconoce en el art. 14 de nuestra Constitución, donde se apoya buena parte de la argumentación de los 
demandantes de amparo, y ello por entender que la aplicación de la regla 3 por  100 produce resultados discriminatorios y por tanto, contrarios a dicho 
principio.
De ser cierta la argumentación, habría que concluir, sin embargo, que al  principio de igualdad se oponen no sólo límites a la proporcionalidad del mismo 
tipo que el aquí cuestionado, sino, en consecuencia, límites que pudieran suponer una restricción mayor respecto a la aplicación del criterio proporcional 
y, desde luego, cualquier modalidad del sistema electoral mayoritario. Semejante conclusión arranca, en realidad, de una rechazable identificación 
entre la exigencia del trato igualatorio y el criterio electoral de la proporcionalidad, de modo que cualquier desviación de lo que, en abstracto, 
puede concebirse como aplicación pura de tal criterio por parte del legislador,  llegaría, en último término, a ser considerada discriminatoria, de no contar con 
una expresa apoyatura constitucional. Debe afirmarse, por el contrario, que el principio democrático de la igualdad  se encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas, y ello porque se 
trata de una igualdad en la Ley, o, como el mismo art. 23.2 de la Constitución establece, de una igualdad referida a las «condiciones» legales en que el 
conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye otros, sino que ha de 
verificarse dentro del sistema electoral que sea libremente determinado por el  legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las 
reglas de tal sistema, y no por referencia a cualquier otro. La reflexión anterior es aplicable a cada uno de los momentos en que un proceso 
electoral puede descomponerse, y en relación a las pretensiones de los distintos  sujetos que en tales momentos intervienen. Si se aplica a la fase del escrutinio 
o, más concretamente, de atribución de los puestos o escaños en los órganos representativos en función de los votos obtenidos, no cabe apreciar que sea 
discriminatoria la exigencia, para tener derecho a esa transformación de votos en escaños, de obtener, al menos, un cierto porcentaje de votos, pues la misma 
exigencia de la regla quiebra la igualdad de supuestos a partir de la que sería  posible la comparación entre las candidaturas que sí obtengan y las que no ese 
porcentaje, del mismo modo que, en el caso de un sistema mayoritario, no existiría la posibilidad de comparar, y, por tanto, de afirmar la existencia de 
discriminación entre candidaturas que sí, y otras que no obtienen la mayoría  electoral y, en consecuencia, representación en el correspondiente distrito o 
circunscripción.
Lo significativo, en todo caso, desde la perspectiva del art. 23.2 de la Constitución, Puesto en relación con el art. 14, es que la regla legal se aplica 
a todas las candidaturas por igual, sin que conste la existencia de obstáculos  para que todas ellas concurran a unas mismas elecciones, y en unos mismos 
distritos o circunscripciones en las mismas condiciones legales y sin que conste, tampoco, la existencia de diferencias injustificadas o irrazonables en la 
aplicación de esa concreta regla, que es por su intrínseca naturaleza enteramente justificada, y fundada, como se establecerá en el siguiente 
fundamento jurídico.
No es aceptable, por último, el argumento de que la discriminación se produce  por referencia a las personas que integran las distintas candidaturas, esto es, 
si se tiene en cuenta que el número de votos que corresponden a candidatos incluidos en listas que no han rebasado el límite del 3 por 100, y, por tanto, 
no llegan a ser proclamados electos, puede ser, no obstante, superior, como sucede en los casos que nos ocupan, al número de votos correspondientes a 
candidatos que obtienen esa proclamación al figurar en las listas que sí han superado dicho límite. La comparación es inviable, pues nos encontramos ante 
magnitudes cualitativamente diversas: En un caso el total de los votos conseguidos por unas ciertas candidaturas (las excluidas del reparto de escaños), en el otro caso, uno o varios cocientes, que no son, y aquí está la diferencia 
esencial, votos efectivamente obtenidos, sino más bien resultados convencionales  deducidos, a efectos del reparto, del número total de votos de cada candidatura. 
Y es que, en un sistema de listas como el vigente en nuestro ordenamiento electoral, no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singularmente 
considerados, sino, en relación a éstos, de cocientes, que son resultados de la operación prevista para determinar, entre las listas que han superado el límite 
legal, los escaños que corresponden a cada una de ellas. De todo lo expuesto en este fundamento jurídico resulta, en definitiva, que no 
sea posible acceder a la pretensión de que el límite a la proporcionalidad que  se establece en el art. 20.4 b) del Real Decreto-ley 20/1977 sea contrario a las 
«condiciones de igualdad», en las que, según el art. 23.2 de la C.E., ha de ejercerse el derecho de acceso a los cargos públicos.
5. Cuestión distinta de las exigencias de trato igualitario que acabamos de  considerar es la de determinar si del derecho del art. 23.2 de la C.E. no deriva, también, en cuanto exigencia de otra índole, la de establecer un cierto sistema 
proporcional frente al que pugne la barrera legal del 3 por 100. Es claro, según hemos señalado anteriormente, que dicho precepto constitucional, en sí, no encierra necesidad alguna de proporcionalidad, ni de cualquier otro 
sistema electoral, en relación al régimen de acceso a las funciones y cargos  públicos, pero ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el legislador, a quien 
expresamente se remite la tarea de configurar ese régimen de acceso, se encuentra sometido, en materia electoral, a otros mandatos que se contienen en 
la Constitución, y al tratarse de una Comunidad Autónoma, en el correspondiente  Estatuto de Autonomía, y uno de tales mandatos es el de que las elecciones se 
verifiquen en cada circunscripción, atendiendo a criterios de representación proporcional, según se afirma en la Constitución, respecto a las elecciones al 
ongreso de los Diputados (art. 68.3), y a las destinadas a formar las Asambleas  legislativas de aquellas Comunidades Autónomas que hayan sido constituidas 
mediante el procedimiento del art. 151 (art. 152.1), y el mismo mandato se reitera en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en lo que atañe a la elección 
del Parlamento de esta Comunidad (art. 31.1 y disposición transitoria cuarta, 3). 	Cabe, por tanto, afirmar, en relación a los presentes recursos de amparo, que 
el genérico derecho subjetivo del art. 23.2 de la Constitución se encuentra enriquecido, mediante la vinculación del legislador a ese mandato, establecido 
en forma de garantía objetiva del ordenamiento electoral, por un contenido normativo adicional, en cuya virtud el concreto derecho de acceder a la 
condición de Diputado del Parlamento de Cataluña solamente se podrá considerar  realizado en su plenitud si se respeta el criterio de la proporcionalidad para 
la formación, por vía electoral, de dicha Cámara. El problema, una vez aceptada esta dimensión, que adquiere el derecho fundamental en que se basa la pretensión 
de amparo, consiste en examinar si la exigencia de proporcionalidad, y, por tanto, el mismo derecho fundamental resultan o no vulnerados, al introducirse en 
el sistema electoral que fue de aplicación el límite del 3 por 100. En este sentido ha de comenzarse por reconocer que tal exigencia no figura en  nuestra norma fundamental, ni en el Estatuto catalán de Autonomía, más que como 
una opción ante la primera alternativa que ha de despejarse para sentar las bases de un sistema electoral, esto es, la que enfrenta a los criterios 
mayoritarios y a los proporcionales. Es, sin embargo, bien conocido que no es  posible hablar, sin mayor precisión, de «un» sistema de escrutinio proporcional 
como de algo perfectamente delimitable, de manera unívoca, en todos sus contornos, pues todo lo más que puede apreciarse, en la simple afirmación de tal 
sistema, es una voluntad de procurar, en esencia, una cierta adecuación entre  votos recibidos y obtención de escaños, y ello es algo que ya fue considerado 
por este Tribunal Constitucional, en su Sentencia 40/1981, de 18 de diciembre, según la cual: «... la representación proporcional es la que persigue atribuir a cada partido 
o a cada grupo de opinión un número de mandatos en relación a su fuerza numérica. Cualesquiera que sean sus modalidades concretas, su idea fundamental es la de 
asegurar a cada partido político o grupo de opinión una representación, si no matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia real.» 	Ello significa que las genéricas directrices constitucionales y estatutarias en  favor de la proporcionalidad determina la existencia de un considerable ámbito 
de indefinición en cuanto al tipo específico de escrutinio, así como en cuanto a la regulación de otros aspectos del proceso electoral; y esta indefinición 
únicamente puede ser salvada mediante decisiones del legislador, y en la amplia diversidad de soluciones que éste puede adoptar no cabe apreciar sino una 
confirmación de la naturaleza de las normas, que en otras ocasiones hemos considerado integrantes de un «bloque de la constitucionalidad» como un espacio 
abierto a distintas posibilidades legislativas, naturaleza que, en cuanto entraña un bien constitucional en sí mismo valioso, lejos de ser debilitada, ha 
de ser preservada y reforzada por este Tribunal. Ni la Constitución ni en este caso el Estatuto catalán, han pretendido, en efecto, introducir, agotando la regulación de la materia, un sistema «puro» de 
proporcionalidad, y si con tal expresión se entiende que la única opción constitucionalmente válida sería la que atribuyese, sin desviaciones, los 
escaños de modo exactamente proporcional al porcentaje de votos conseguidos,  debe decirse que semejante sistema ni existe entre nosotros, desde luego, ni en 
el Derecho comparado en parte alguna, ni acaso en ningún sistema imaginable. La proporcionalidad es, más bien, una orientación o criterio tendencial, porque 
siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por  múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que 
cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su  aplicación, implica necesariamente un recorte a esa «pureza» de la 
proporcionalidad abstractamente considerada. En nuestro ordenamiento, algunos de estos recortes ya aparecen impuestos por la  propia Constitución, pues en lo que se refiere a la elección del Congreso de 
Diputados, el apartado 1 de su art. 68, al regular la composición de la Cámara, implica una evidente restricción al despliegue de la proporcionalidad, que 
ciertamente será mayor o menor, pero que se producirá en cualquier caso, según  decida el legislador ir ampliando desde el número mínimo (300) hasta el número 
máximo (400) de Diputados que el precepto señala, y esta restricción adquiere más entidad si se tiene en cuenta que, según el apartado 2 del mismo artículo, 
el número total de Diputados por el que se opte habrá de distribuirse entre las provincias, a las que se determina como circunscripciones electorales, junto a 
la necesidad de atribuir un número mínimo inicial de escaños a cada una de ellas. Son, justamente, restricciones a la proporcionalidad de la misma índole, aunque 
no tengan exactamente el mismo alcance, las que derivan de las reglas que, para  las elecciones del Parlamento de Cataluña, se establecieron, en cuanto al número 
de Diputados y su reparto por circunscripciones, en la disposición transitoria cuarta, 2, del Estatuto de Autonomía. Alteración de la proporcionalidad de otro tipo, y que en nuestro ordenamiento 
corresponde por entero al legislador, es la que deriva de la necesidad de instrumentar una fórmula matemática para la atribución de escaños en función de 
los votos obtenidos. Existe una considerable variedad de tales fórmulas y sus  efectos, aunque todas ellas estén presididas por el criterio de la
proporcionalidad, son bien distintos para ésta; así, en lo que se refiere a la regla de Hondt, que ha sido la establecida en nuestro régimen electoral mediante 
el art. 20.4 a) y c) del Real Decreto-ley 20/1977, de su aplicación resulta cierta ventaja relativa -aunque no superior a la de otras fórmulas consideradas 
igualmente proporcionales- para las listas más votadas, y ello como consecuencia  del peculiar sistema de cocientes sucesivos que dicha regla articula. 	En la aplicación de esta regla de Hondt es donde la letra b) del mismo precepto  legal ha introducido la exigencia aquí cuestionada, de contar, al menos, con el 
3 por 100 de los votos en escaños, existiendo, por tanto, un evidente propósito del legislador de restringir, para los partidos o grupos políticos cuyo soporte 
electoral es más reducido, el acceso al Congreso de Diputados, así como a las Asambleas legislativas de la Comunidades Autónomas, en la medida de la exigencia 
se ha extendido a su formación, lo que, si se pone en conexión con los efectos ventajosos ya mencionados para los partidos o grupos más votados, confirma la 
finalidad, que subyace en este conjunto de reglas, de procurar, combinando incentivos y límites, que la proporcionalidad electoral sea compatible con el 
resultado de que la representación de los electores en tales Cámaras no sea en  exceso fragmentaria, quedando encomendada a formaciones políticas de cierta 
relevancia. La validez constitucional de esta finalidad es lo que justifica, en último  término, el límite del 3 por 100 impuesto por el legislador, y esa validez se 
aprecia sí tenemos en cuenta que el proceso electoral, en su conjunto, no es sólo un canal para ejercer derechos individuales (personales o de grupo) 
reconocidos por el art. 23 de la Constitución, sino que es también, a través de  esta manifestación de estos derechos subjetivos, un medio para dotar de 
capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático y proporcionar  centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación 
general a la acción de aquél. La experiencia de algunos períodos de nuestra historia contemporánea y la de  algunos otros regímenes parlamentarios enseñan, sin embargo, el riesgo que, en 
relación a tales objetivos institucionales, supone la atomización de la representación política, por lo que no es, por lo tanto, ilegítimo que el 
ordenamiento electoral intente conjugar el valor supremo que, según el art. 1.1  de la C.E., representa el pluralismo -y su expresión, en este caso, en el 
criterio de la proporcionalidad- con la pretensión de efectividad en la organización y actuación de los poderes públicos, por lo que la posibilidad de 
tal limitación de la proporcionalidad electoral resulta tanto más justificada  cuanto que, según hemos visto, no cabe, en rigor, hablar de un derecho subjetivo 
a la misma sobre la base estricta del art. 23.2 de la C.E. Importa recordar, a estos efectos, que son varios los preceptos  constitucionales (arts. 99.3 in fine, 112 y 113.1 básicamente) que pueden 
comprenderse como expresión de una exigencia racionalizadora en la forma de gobierno, y así lo ha entendido este mismo Tribunal en su Sentencia 16/1984, de 
6 de febrero, al afirmar que «junto al principio de legitimidad democrática, de acuerdo con el cual todos lo poderes emanan del pueblo y a la forma 
parlamentaria de gobierno, nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de esta forma»; por lo que, al servicio de esta experiencia o 
principio puede perfectamente considerarse que se encuentran también las cláusulas limitativas del escrutinio proporcional del mismo tipo que la que 
examinamos. No es difícil, en efecto, percibir que esta cláusula se ha inspirado de modo  muy directo, igual que varios de los elementos racionalizadores a que acabamos 
de hacer referencia, en el precedente de la República Federal de Alemania, donde las candidaturas electorales tienen la necesidad de superar también un 
porcentaje mínimo de votos -por cierto, superior al que se ha establecido en España, pues allí se trata de un 5 por 100- para tener derecho al reparto 
electoral. En esta situación, el Tribunal Constitucional Federal ha tenido ocasión de pronunciarse, en una serie de casos análogos al aquí suscitado, sobre 
la validez constitucional de ese límite, tanto en el plano federal como respecto  al ordenamiento de algún Land; y en tales casos, aquel Tribunal siempre concluyó 
en la validez del límite, considerándolo como garantía legítima de la eficacia de las instituciones parlamentarias, en cuanto tiende a corregir fragmentaciones 
excesivas en la representación política obtenida mediante la proporcionalidad electoral. Pero es que, además, resulta importante señalar que esos riesgos de 
fragmentación no se proyectan únicamente sobre el funcionamiento de los órganos representativos, sino, como demuestra también la práctica política, sobre el de 
las mismas asociaciones a través de las que adquiere realidad la representación y que son, principalmente, como reconoce el art. 6 de nuestra Constitución, los 
partidos políticos. Los partidos, en efecto, quedan definidos por dicho precepto como sujetos que  «expresan el pluralismo político», pero se les atribuye, asimismo, la función de 
concurrir «a la formación y manifestación de la voluntad popular», siendo, por todo ello, considerados como «instrumento fundamental para la participación 
política». Aparece claro, así, que en su misma razón de ser tienen inscrita tales asociaciones la tarea de ir agregando diversidad de intereses individuales 
y sectoriales en proyectos y actuaciones de alcance político, esto es, generales, pues de esta manera, sobre la base de que sean reflejo del esencial principio 
pluralista, no resulta incongruente con la funcionalidad misma de los partidos  exigir, para su acceso a órganos en que también ha de manifestarse la voluntad 
popular y materializarse la participación, que cumplan por encima de cierto límite esa tarea agregativa. El límite del 3 por 100 que señala el art. 20.4 b) del Real Decreto-ley 20/ 
1977 respeta, en sustancia, el criterio de la proporcionalidad, ya que la restricción no impide que el reparto de escaños se realice conforme a ese 
criterio respecto a la inmensa mayoría de los votos emitidos en la circunscripción, y eso que, en el presente caso, al tratarse de unas elecciones 
y de una circunscripción en las que estaba en juego un elevado número de escaños (85), aumentaba considerablemente la posibilidad de que listas que no hubiesen 
alcanzado ese límite, de no existir éste, hubiesen tenido acceso al reparto, y  la existencia de la barrera legal aparece, por otra parte, plenamente 
justificada, según todo lo anteriormente expuesto, al haber actuado el legislador con fines cuya licitud, desde la perspectiva constitucional, no es 
discutible, por lo que no puede, por todo ello, apreciarse que los preceptos de  la Constitución y del Estatuto Catalán de Autonomía que determinan la existencia 
de un sistema de representación proporcional hayan sido vulnerados por la norma  legal que impone esa barrera, y esta inexistencia de infracción constitucional o 
estatutaria nos conduce a la conclusión de que dicha norma tampoco contradice el contenido del derecho del art. 23.2 de la Constitución, en cuanto al carácter de 
los requisitos que para el ejercicio de tal derecho se señalan. 
 
6. Al no existir violación alguna del derecho reconocido por el apartado 2 del  art. 23 de la C.E., considerado en todos sus aspectos, es patente, según lo 
afirmado en nuestro primer fundamento jurídico, que tampoco ha existido, en el presente caso, respecto al derecho de participación que se reconoce en el 
apartado 1.° del mismo precepto, por lo que, en la medida que los recursos de amparo se fundamentan también en este último derecho, no es pertinente ampliar 
más nuestro examen para desestimar íntegramente las pretensiones suscitadas.
 
FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE  LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar los amparos solicitados por la «Entesa de l'Esquerra Catalana» y por el  «Partit dels Comunistes de Catalunya».
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cinco


 

Departamento de Derecho Político

C/ Obispo Trejo s/n

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